Al inicio del 57o período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, la idea de nombrar un Relator Especial para los asuntos indígenas tuvo poca aceptación entre los Estados, incluidos aquellos que generalmente apoyan la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El argumento frecuentemente esgrimido era que primero se debía establecer el Foro Permanente antes de nombrar un Relator Especial, e incluso algunos consideraban que los indígenas ya habían obtenido bastante y que pedían demasiado.
Para los partidarios de la resolución presentada por Guatemala y México era claro que pasarían varios años antes de que el Foro Permanente entrara realmente en funciones, su acción a favor de los pueblos indígenas fuera efectiva y pudiera evaluarse su alcance. Mientras tanto, numerosos pueblos indígenas seguirían enfrentando situaciones muy difíciles, con frecuencia altamente conflictivas, al punto de a veces poner en peligro su propia existencia física y cultural. Aquellos subrayaban, además, que los dos mandatos eran completamente distintos –y complementarios– dado que el del Foro Permanente se orientaba a suministrar a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas asesoría y recomendaciones, y mantenerlas informadas, sensibilizarlas y estimularlas a la coordinación de las actividades relacionadas con los asuntos indígenas, mientras que el mandato de Relator Especial se dirigía a investigar en el terreno sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas. Esto último sin interferir tampoco en la actividad de los Grupos de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas o el Proyecto de Declaración.
A mitad de la sesión se podía constatar que ciertos gobiernos estaban mucho menos opuestos y, al final de la misma, la resolución obtuvo un voto de consenso (véase los detalles en las páginas 2-3).
Este excelente resultado, que sorprendió a más de uno, no vino del cielo. Según uno de los autores de la resolución, desde hace muchos años, algunas organizaciones indígenas del mundo, especialmente de las tres Américas y de Africa, han defendido la causa ante sus respectivos gobiernos. Las varias delegaciones indígenas presentes en la Comisión, además, trabajaron intensamente y recibieron un amplio apoyo de ciertas ONG que les ayudaron en sus presentaciones orales y escritas, haciendo cabildeo y estableciendo contactos útiles.
Este número del Informativo presenta –además del resumen de las cuestiones indígenas planteadas en la Comisión de Derechos Humanos– una síntesis de la Primera Sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI. Un Comité que tuvo problemas para arrancar porque necesitó un día y medio de deliberaciones para lograr la elección del presidente y, en consecuencia, para decidir si aceptaba o no la presencia en calidad de observadores de las ONG. Solamente tres delegados indígenas estuvieron presentes, mientras que los representantes de los sectores empresariales tuvieron amplia representación. El informe de dicha reunión estará disponible en inglés, español y francés, en el sitio Internet de la OMPI www.wipo.int/traditionalknowledge, alrededor del 20 de mayo.
El lector notará que, con el propósito de transmitir más rápidamente las noticias, hemos preferido realizar un número breve y dejar para el siguiente los resultados de la última Reunión Preparatoria de la Conferencia sobre el Racismo. Esperamos que el lector reparará igualmente en el cambio de diseño.
La Comisión decide nombrar un relator especial sobre la situación de los pueblos indígenas.
a) Recabar, solicitar, recibir e intercambiar información y comunicaciones de todas las fuentes pertinentes, incluidos los gobiernos, los propios indígenas, sus comunidades y organizaciones, sobre las violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales;
b) Formular recomendaciones y propuestas sobre medidas y actividades apropiadas para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas;
c) Trabajar en estrecha relación con otros relatores
especiales,
representantes especiales, grupos de trabajo y expertos
independientes de la
Comisión de Derechos Humanos y de la
Subcomisión de
Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, teniendo en
cuenta la solicitud de la Comisión contenida en la
resolución
1993/30;
La Comisión:
I. INFORME DEL GTPI
La Comisión:
II. DECENIO INTERNACIONAL
La Comisión:
La Comisión decidió recomendar que el ECOSOC autorizara a la Sra. Erica-Irene Daes, ex Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo, a que siguiese participando en todas las reuniones preparatorias de la Conferencia Mundial contra el Racismo y en la propia Conferencia Mundial, y autorizar al Sr. Miguel Alfonso Martínez, Presidente-Relator del 18º período de sesiones del Grupo de Trabajo, a que participara en la Conferencia Mundial.
La resolución que se denomina “derechos humanos y cuestiones indígenas” en relación con la designación de un RE sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas (PI) se adoptó sin votación. Al introducir la resolución, México señaló la necesidad de fortalecer la protección de los derechos de los PI y monitorear los derechos humanos de grupos vulnerables específicos, mientras que Guatemala declaró que los PI no podían esperar hasta la adopción del Proyecto de Declaración (PD) para que se protegieran sus derechos. El Salvador, Perú y Dinamarca apoyaron esta iniciativa.
Otros países manifestaron reservas respecto a la designación de un RE. Canadá dijo que el Foro Permanente (FP) y el PD eran asuntos prioritarios que tendrían incidencia fundamental en la consideración de cualquier mecanismo o proceso futuro relacionado con las cuestiones indígenas. Argentina opinó que la creación de un nuevo mecanismo para promover y proteger los derechos de los PI mientras otras iniciativas estaban aún inconclusas no era la mejor forma de alcanzar dichos fines. Australia consideró igualmente prematuro el establecimiento de cualquier nuevo mecanismo hasta la instalación del FP. Sudáfrica insistió que debe evitarse la duplicación de trabajo y especificó que el mandato del RE debería incluir una dimensión de defensa, concienciación y promoción.
CITI, ICC, CS, AN, FWCC, ALDHU y LIDLIP expresaron su vigoroso apoyo a la resolución. CITI señaló que el mandato del RE debería centrarse en
dar
respuestas inmediatas y realizar visitas a los países,
complementando de
esta manera la labor del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas
(GTPI) y el FP. Esta sería una oportunidad para tratar
de terminar
rápidamente con las violaciones. CS indicó que otros grupos, tales como las minorías y las
mujeres
tenían igualmente un RE y otros órganos. AN mencionó que el Secretario General había indicado claramente
que
no existían en las NN.UU. mecanismos para la protección
y
promoción de los derechos humanos de los PI. AN y FWCC declararon que era un asunto urgente que no podía esperar hasta
la
terminación de las negociaciones del PD. LIDLIP dijo que el RE debería servir para asegurar que las costumbres y
leyes
tribales se preservaran como un valioso patrimonio mundial. ATSIC/FAIRA hizo un llamamiento para el mantenimiento del
término
"pueblos" en la resolución.
En otro lugar, MITA consideró más conveniente continuar el análisis del PD
en
lugar de establecer un nuevo mecanismo; dijo, sin embargo, que de ser
aceptada
la resolución, el RE debería ser un experto
indígena.
Dinamarca afirmó que la decisión de establecer un FP era el primer resultado tangible del Decenio. Animó al sistema de las NN.UU. y el ACDH a proseguir con la idea de crear una secretaría intergubernamental que reflejara el amplio mandato del FP. Deberían hacerse consultas respecto a las vinculaciones institucionales, el presupuesto y la ubicación de la secretaría. Al igual que Canadá y Nueva Zelandia, dijo que esperaba que el FP pueda realizar su primera reunión en 2002.
El Salvador y Perú expresaron su opinión de que con el fin de establecer el FP lo antes posible debían intensificarse las consultas entre Estados y los representantes indígenas sobre el método para la elección de los expertos. Ecuador insistió en una representatividad mundial adecuada.
Canadá dijo que las bases administrativas y financieras del FP todavía requerían detallarse.
Australia indicó que el financiamiento demandaba más deliberación.
Sudáfrica expresó preocupación acerca de la falta de recursos disponibles para que los PI realicen sus propias consultas y solicitó el apoyo de la Oficina de la ACDH.
Suiza propuso que la sede del FP se sitúe en Ginebra.
El Banco Mundial indicó que el FP era un gran paso hacia la ampliación del debate sobre políticas económicas y sociales en todos los países.
FWCC apoyó firmemente el FP para que los PI puedan participar activamente
en
los órganos de las NN.UU. y tomar parte directamente en las
decisiones
de los asuntos que los conciernen.
CISA declaró que la resolución para establecer el FP la adoptaron los gobiernos unilateralmente sin tomar en cuenta las deliberaciones de los representantes indígenas. Los gobiernos habrían presentado sus propuestas como si fuese el producto de un consenso; por ejemplo, el nombre del FP se ha transformado en “FP para asuntos indígenas”, se ha negado todo papel político y poder de participación del FP en los conflictos. Su creación fortalecerá aun más a la burocracia indígena internacional. MITA dijo que el nombre “FP para los asuntos indígenas” significaba que los PI siguen siendo un problema para la comunidad internacional. De conformidad con el espíritu de la Declaración de Viena, el FP debería ser un órgano asesor con poder suficiente para adoptar decisiones y formular recomendaciones. En su opinión, las comunidades y las organizaciones de base deberían elegir a los expertos indígenas.
ICC hizo referencia a las sugerencias que los representantes indígenas han realizado y presentado ante el ACDH, entre otras, la división del mundo en regiones y el establecimiento de una secretaría independiente. CS sugirió que la secretaría sea independiente de la Oficina del ACDH y que el FP tenga su sede en Nueva York para que haya una eficiente coordinación de funciones con sus órganos afines. La participación plena y equitativa de los miembros indígenas debería garantizarse. La selección de los miembros de los PI por parte de las organizaciones debe realizarse sobre una base regional. No se debe permitir un proceso paralelo de selección.
El Sr. Chávez, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo de la Comisión sobre el Proyecto de Declaración (GTCD), presentó su informe (E/CN.4/2001/85). Aunque no fue posible la aprobación formal de ninguno de los artículos, se hicieron progresos y las consultas intersesionales fueron útiles. Esperaba que la Comisión aprobara una resolución similar este año. Solicitó apoyo adicional para los servicios de traducción e interpretación durante el GTCD. Informó que los participantes preferían que la reunión del GT se realice a fines de año, luego del trabajo de la Tercera Comisión de la Asamblea General.
Canadá dijo que los métodos de trabajo empleados en los dos últimos períodos de sesiones han facilitado un diálogo verdadero. Los textos alternativos fueron un importante paso hacia adelante, un medio transparente de detallar y recoger los nuevos puntos de vista de los países sobre el PD. Se debía incrementar el ritmo mediante reuniones intersesionales informales. Perú acogió con beneplácito las contribuciones recientes de los gobiernos en un lenguaje próximo al consenso. El GT necesita más apoyo de la Comisión. Deberían continuar las consultas antes de la próxima sesión.
El Salvador declaró que deberían superarse los temores y prejuicios que impedían el consenso sobre los conceptos de pueblos indígenas, territorios y recursos naturales, y la aplicación del derecho de autodeterminación.
Guatemala indicó que se debería llegar a un acuerdo sobre el concepto de pueblos indígenas, el reconocimiento de los derechos colectivos, la autodeterminación, los derechos a la tierra y los recursos antes de analizar los artículos.
Dinamarca afirmó que el GTCD era un foro importante para aprovechar el consenso emergente en la perspectiva de mejorar y fortalecer el Proyecto existente y tomar en cuenta los temores razonables de las partes interesadas (Chipre también). Nueva Zelandia hizo un llamamiento a todos los participantes del GTCD para que intensifiquen sus esfuerzos de negociación. Australia reiteró su firme compromiso de elaborar un instrumento apropiado y eficaz hasta el fin del Decenio. Estonia dijo que se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para aprobar el PD lo antes posible. Suiza lamentó la falta de progreso. Ecuador insistió en la voluntad política y el compromiso de avanzar hacia un acuerdo final.
Las ONG que se mencionan a continuación expresaron mucha preocupación sobre los procesos que han tenido lugar en el GTCD, tales como la retrógrada colocación entre corchetes del término “pueblos indígenas” y las sesiones informales cerradas de los Estados para la redacción del texto (ATSIC/FAIRA). ATSIC/FAIRA dijeron además que el “Anexo sobre el término pueblos indígenas” propuesto por el Caucus Indígena no había obtenido respuesta de los Estados. Este es un asunto de importancia fundamental para la integridad de todo el proceso. Se podría lograr un progreso tangible si se aprobaran en primera lectura las disposiciones menos difíciles.
ICC denunció la discriminación racial general contra los PI que está teniendo lugar en las NN.UU. El Presidente y los Estados participantes tienen la obligación de rechazar las propuestas discriminatorias. CS dijo que negar a los PI el derecho sin reservas a la autodeterminación sería discriminatorio e incompatible con el derecho internacional.
AN afirmó que los gobiernos de las Américas habían decidido aprobar el término “pueblos indígenas” sin definirlo, lo que era una victoria para la comunidad interamericana. El diálogo con los gobiernos de esa región fue transparente. Los PI tienen grandes esperanzas puestas en los resultados de las deliberaciones sobre el PD y esperan que la Declaración estará por encima de los instrumentos y mecanismos existentes y representará las aspiraciones verdaderas de los PI.
Según MITA, la falta de progreso se debe a la falta de voluntad política de los Estados. Los gobiernos han decidido no aprobar ningún concepto fundamental, como el derecho de autodeterminación, el ejercicio del derecho colectivo a la propiedad de la tierra, la soberanía permanente sobre los recursos naturales, la protección jurídica de la propiedad cultural e intelectual, y la autoidentificación. CISA afirmó que las deliberaciones sobre el PD equivale a un ataque a la existencia misma de los PI. Temía que la meta de los gobiernos sea elaborar un nuevo conjunto de artículos que se presentarán a la Comisión en forma de un documento de consenso, al igual que la resolución sobre el FP.
ALDHU dijo que la aprobación del PD y el inmediato inicio del trabajo para un Convenio no debe demorarse. La inobservancia de los derechos humanos de los PI es una consecuencia de la ausencia de instrumentos adecuados que los protejan.
BKWSU hizo un llamamiento a los gobiernos para que reconozcan el patrimonio inestimable de los PI, tal el caso de sus conocimientos ecológicos.
LIDLIP indicó que la actual noción de autodeterminación es totalmente caduca y da prácticamente carta blanca a los gobiernos para que traten a su gusto a los PI, a menudo con desastrosos efectos en términos de violencia.
La Sra. Petersen, miembro del Grupo Asesor del Fondo Voluntario para el Decenio Internacional y miembro de la Junta de Síndicos del Fondo Voluntario para los Pueblos Indígenas, informó sobre las actividades de ambos Fondos (véase E/CN.4/2001/84). Recomendó otorgar fondos para las siguientes actividades: realización de un taller sobre PI, sector privado, recursos naturales, empresas del sector energía y minas y derechos humanos; una mesa redonda sobre PI, racismo y medios de comunicación a efectuarse en Sudáfrica en forma paralela a la Conferencia Mundial contra el Racismo; un seminario sobre derechos humanos de los PI para promover los derechos humanos en México y un curso piloto de capacitación en derechos humanos para comunidades indígenas. Hace un llamado a los Estados a apoyar ambos Fondos Voluntarios.
Estonia sostuvo que falta mucho por hacer para alcanzar el objetivo de fortalecer la cooperación internacional con los PI en las áreas de derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud.
Chipre solicitó a la Comisión adoptar directrices y principios para la protección del patrimonio de los PI (E/CN.4/Sub.2/2000/26). Declara que apoya activamente a ambos Fondos Voluntarios.
El Salvador manifestó su satisfacción por la extensión del programa de becarios indígenas con participación de las universidades.
Nueva Zelandia informó que, como apoyo al Decenio Internacional, está traduciendo los principales instrumentos internacionales a la lengua maorí. Nicaragua ha establecido un Comité Nacional para promover los objetivos del Decenio.
La OMS señaló su profunda preocupación por la escasez de datos e información fiables sobre las condiciones de salud de los PI, incluso en los países desarrollados. Esta carencia obstruye los esfuerzos regionales y nacionales para avanzar en el establecimiento de planes de trabajo sobre salud de los PI, tal como lo reclamaba la Resolución 53.10 de la Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 2000. No obstante las carencias informativas, las pautas mostraban que, en todas partes, los PI presentan mayores tasas de morbilidad y mortalidad que otros grupos poblacionales. La pobreza y la marginación son los denominadores comunes que articulan las formas de mala salud experimentados por los PI. La provisión y el acceso a la información relativa a la salud son parte integrante del derecho a la salud, para identificar las causas fundamentales de las carencias en salud de los PI. La OMS intenta trabajar con los Estados Miembros y socios indígenas para fortalecer la recopilación sistemática de datos sobre etnicidad, género y edad.
La nueva política del Banco Mundial reconoce de manera explícita los derechos de los PI. El objetivo de la misma es también articular las acciones del Banco en una estrategia global de reducción de la pobreza y creación de riqueza de los PI. Esto implica justificadas consultas y participación informada de los grupos indígenas afectados para evitar efectos contrarios así como, previsiones sobre derechos y recursos indígenas. Se reconocen los derechos consuetudinarios y se procura evitar el reasentamiento involuntario.
FI subrayó la falta de mejora real en las condiciones de los PI desde inicios del Decenio. La situación de exclusión y miseria sigue representando una de las cuestiones de derechos humanos más serias y que sigue en espera de solución.
AMI sostuvo que los PI son ultrajados por el degradante y simbólico interés que se está asignando a sus preocupaciones. Como lo ha hecho en otras ocasiones, la Oficina de la Comisión relegó el tema 15 al último día de la semana de manera que a la menor demora queda postergado a la semana siguiente. La mayoría de los representantes indígenas debían retirarse y no podían estar presentes para escuchar a los gobiernos ni responder a sus declaraciones. Exijo pues, mayor respeto para con los pueblos indígenas.
El CISA se opuso a la eliminación del GTPI, dado que estaba probada su necesidad. ATSIC/FAIRA apoyó la continuidad del GTPI, cuyo mandato es complementario del correspondiente al FP y el propuesto RE. MITA sugirió que el GTPI tuviera otro mandato en el área normativa y que se ampliara el número de sus miembros para incluir representantes indígenas.
Sudáfrica señaló que la Conferencia Mundial contra el Racismo representa una oportunidad histórica para que los Estados reconozcan oficialmente la identidad y los derechos de los PI y adopten medidas administrativas, legislativas y judiciales a fin de promover, proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos. Esto debe significar una señal para acelerar la conclusión de las negociaciones del PD.
El Salvador sostuvo que la Conferencia debe también dar prioridad a las preocupaciones de los PI. Estos pueblos enfrentan discriminaciones, tanto a nivel individual como colectivo. Es importante facilitar su representación en la Conferencia.
Argentina afirmó que la Conferencia debería realizar más progresos en materia de iniciativas dirigidas a promover los derechos de los PI.
Estonia afirmó que la Conferencia debe considerar, en particular, el derecho de los PI a una participación efectiva en los procesos de toma de decisiones.
Australia informó que se compromete a colaborar activamente con el Relator Especial sobre Racismo durante su visita al país.
CS expresó que era de fundamental importancia que la Conferencia prestara plena atención a la situación de los PI. Debería dedicarse a estas últimas un capítulo entero de la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia, tal como lo han recomendado la Subcomisión y la Asamblea General.
FI acogió con beneplácito las iniciativas emprendidas por el gobierno mexicano destinadas a colocar en un nuevo contexto el desarrollo de los PI. Sin embargo, estas iniciativas deben estar acompañadas de reformas constitucionales que reconozcan el derecho de los PI a la libre determinación así como, al derecho de participación en las consultas. La militarización de las áreas indígenas ha sido también la causa de muchas violaciones de los derechos humanos. En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la prostitución, el alcoholismo y el abuso de drogas son problemas emergentes. En Chiapas, los paramilitares han sido la causa del desplazamiento de más de 20.000 personas. El sistema judicial está parcializado, y los PI son víctimas de discriminación racial y sin acceso a intérpretes ni a abogados. Hay problemas económicos vinculados a la tierra. En este momento el Congreso está debatiendo el Acuerdo de San Andrés y la propuesta de Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas. Los PI están solicitando mayor autonomía.
México anunció que el gobierno y el EZLN han reanudado el diálogo por la paz en torno a la desmilitarización de la zona de Chiapas. Se ha dado el primer paso para resolver su deuda histórica con los PI. Combatir la pobreza y la marginación de los PI es una prioridad nacional. Hizo referencia a la iniciativa para el reconocimiento de los derechos de los PI en la Constitución.
El Salvador realiza esfuerzos por incorporar a los PI en la sociedad y para promover su participación en varias instituciones del Estado. Nicaragua señaló que el derecho a la identidad cultural es un derecho humano fundamental y la base para la coexistencia y unidad nacional. Uno de los principales problemas estudiados por el gobierno es el de otorgar la propiedad de la tierra a las comunidades indígenas, lo cual está siendo tratado actualmente en la Asamblea Nacional.
El CISA denunció la continua represión y violación de los derechos humanos fundamentales en Chile, cuyo gobierno todavía no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Chile informó que el Presidente tiene anunciadas 16 medidas orientadas a fortalecer y mejorar la calidad de vida de los PI y se han establecido tres Fondos destinados a ellos. Reconoció que la adopción del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional de los PI se han visto impedidos por obstáculos jurídicos e institucionales.
ALDHU informó sobre el cese del estado de emergencia en Ecuador, después de la firma del acuerdo entre el Gobierno y los PI. Durante la movilización del pasado mes de enero, varios indígenas perdieron la vida. Ecuador expresó que los derechos colectivos de los PI son reconocidos en la Constitución. Debido a la compleja situación social heredada del pasado, implementar tales derechos constituye un desafío. Desde hace un decenio, los PI participan crecientemente en la vida política.
El Perú informó que, desde noviembre de 1998, el Secretariado Técnico de Asuntos Indígenas ha estado promoviendo una mejor comprensión de las necesidades de los PI. El Perú ha iniciado un proceso de consulta, dirigido a redactar una propuesta legislativa sobre la protección del conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad y la reglamentación del acceso a los recursos genéticos de los PI. El Congreso elabora actualmente una ley indígena para fortalecer la autoidentificación, el derecho a la tierra y la protección del patrimonio ancestral.
Argentina anunció que, en julio de 2000, ratificó el Convenio 169 de la OIT, el cual se ha convertido en ley fundamental en el país. Se ha puesto en marcha un Plan sobre identidad, educación, desarrollo sostenible en las comunidades indígenas, provisión de agua potable y derecho indígena. Se lograron importantes avances para regularizar las tierras indígenas en el Chaco (Tobas), Jujuy (Collas y Ava-Guaraníes) y Río Negro (Mapuches)
Informando sobre la situación de los refugiados y desplazados Jumma al interior de Bangladesh, ABCP insta a la Comisión y a Bangladesh a colaborar en la implementación del Acuerdo de Paz de los Chittagong Hill Tracts.
GIS se centró en la situación de los Kamaiyas liberados (anteriormente, trabajadores en situación de servidumbre), quienes sufren en Nepal por falta de un adecuado manejo de su rehabilitación por parte del gobierno.
NOVIB señaló que en Indonesia los PI son sistemáticamente eliminados de la agenda política nacional, aún cuando ellos representan el elemento más amplio de la estructura del Estado y la sociedad nacionales. El Estado ha ignorado sus derechos, política y legislación, forzando a la uniformidad, a la centralización y aplicando políticas corruptas en materia de recursos naturales. La transferencia de los recursos económicos de las comunidades indígenas hacia empresas privadas, propiedad de unos pocos políticos y sus aliados, ha provocado violentos conflictos. Los militares protegen los intereses corporativos, como aconteció en Sumatra del Norte, donde varios indígenas murieron fusilados el verano pasado cuando manifestaban pacíficamente para que se les devuelva sus tierras. El NOVIB saluda la reciente implementación de la Ley de Autonomía Regional y urge al gobierno indonesio a ratificar de inmediato el Convenio 169 de la OIT.
II informó sobre la situación de los indígenas Sindhis de Pakistán, quienes están en peligro de extinción por el terrorismo, la disolución cultural, persecución, discriminación y desplazamiento de poblaciones.
Nueva Zelandia informó que estaba firmemente comprometida en eliminar las disparidades sociales y económicas entre Maoríes y no-Maoríes, fortalecer las habilidades de los Maoríes para tener mayor control de su propio desarrollo, fomentar la participación maorí en el sistema electoral y resolver reclamos originados en violaciones históricas del Tratado de Waitangi.
Enfrentándose a su propia herencia en el tratamiento de los PI, cuyo resultado ha sido la marginación de los aborígenes y pueblos del Estrecho de Torres, Australia expresó que está comprometida en combatir la situación desventajosa de los indígenas. Se han puesto en marcha programas para mejorar la salud, vivienda, educación, empleo y las oportunidades de instrucción. Para alcanzar una reconciliación duradera, es de vital importancia aplicar distintos medios para mejorar el bienestar de las poblaciones indígenas y elevar sus niveles de vida.
Sudáfrica informó que, desde el fin del apartheid, el gobierno ha estado comprometido en la reparación de las injusticias pasadas, reconocimiento de los pueblos San y Khoekhoe, solución de reclamos de tierras, protección del derecho a las lenguas, proceso de redacción de una legislación protectora de los derechos de propiedad intelectual y de los sistemas de conocimientos indígenas.
Estonia presentó su programa para los pueblos indígenas del Ural, cubriendo las áreas de cultura, educación e información.
Suiza afirma que, de acuerdo con la OIT, la minoría Jenish que siempre fue protegida por otros instrumentos ratificados por Suiza, puede ser cubierta por el Convenio 169 de la OIT como pueblo tribal.
CS informó que el CERD ha expresado su profunda preocupación por el derecho a la tierra de los Sami, enfatizando los derechos de caza y pesca y las privatizaciones de las tradicionales tierras de los Sami en Suecia. El derecho a usar la lengua Sami debería ser reconocido en el territorio tradicional Sami. El CERD recomendó, asimismo, que Suecia ratifique el Convenio 169 de la OIT. CS dijo que esto era también pertinente para Finlandia, Noruega y Rusia.
FIMARC sostuvo que es injusto que las poblaciones indígenas y los campesinos sean desposeídos de sus conocimientos tradicionales ancestrales por las empresas transnacionales de los países industrializados, que privatizan sus recursos para luego patentarlos en su máximo beneficio. La herencia genética del mundo debe seguir siendo patrimonio común de la humanidad.
Intervenciones de los gobiernos sobre las resoluciones relativas a
pueblos
indígenas
ABCP: Asian Buddhists Conference for Peace ALDHU: Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos AMI: Asociación Mundo Indígena AN: Asociación Napguana ATSIC/FAIRA: Aboriginal and Torres Strait Islander Commission/Foundation for Aboriginal and Islanders Research Action BKWSU: Brahma Kumararis World Spiritual University/World Federation of United Nations Associations CISA: Consejo Indio de Sud América CITI: Consejo Internacional de Tratados Indios CS: Consejo Sami FI: Franciscans International/Dominicans for Justice and Peace/Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (México) FIMARC: Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Católicos FWCC: Friends World Committee for Consultation GIS: Group for International Solidarity (GRINSO-Nepal) ICC: Inuit Circumpolar Conference II: Interfaith International LIDLIP: Liga Internacional para los Derechos y la Liberación de los Pueblos MITA: Movimiento Indio "Tupaj Amaru"/Movimiento por la Paz y la Soberanía de los Pueblos/Organisation for the Solidarity of the Peoples of Asia, Africa and Latin America NOIDC: Netherlands Organisation for International Development Cooperation
La primera sesión del Comité Intergubernamental muestra que el programa de trabajo de la OMPI tendrá importantes repercusiones para los pueblos indígenas y tradicionales. Se necesita urgentemente hacer un trabajo preparatorio y de concienciacion.
La Primera Sesión del Comité se abrió a los Estados Miembros y a las organizaciones que tienen la categoría específica de observadores en la OMPI. Se debe notar que la OMPI no acepta la categoría consultiva del ECOSOC para las organizaciones no gubernamentales, incluidas aquellas de la Categoría I. Las organizaciones que desean seguir las negociaciones de la OMPI, por lo tanto, necesitan obtener de la OMPI una categoría específica de observadores, la misma que se otorga por lo general sólo a las asociaciones empresariales y de la industria. De hecho, de las 15 organizaciones con categoría de observadores que asistieron a la reunión del Comité, sólo una (UICN – Unión Mundial para la Naturaleza) no tiene vinculación con órganos del comercio o la industria.
El Comité también concedió a otras ONG, previa solicitud, la categoría de observador para que asistieran a la Primera Sesión, pero ello lo podía hacer únicamente el primer día de la reunión, lo que hizo imposible para muchas organizaciones de pueblos indígenas y tradicionales planificar su venida, puesto que sólo sabrían si su presencia sería aceptada el primer día de la reunión. Por este motivo, la participación de las organizaciones ambientales, de indígenas y de comunidades fue desde el principio extremadamente limitada.
El primer día de la reunión, los países miembros se reunieron para decidir sobre las organizaciones que serían admitidas en calidad de observadores ad hoc, y para elegir a los directivos de la sesión. Mientras sobre el primer punto hubo acuerdo y todas las organizaciones que habían pedido participar fueron admitidas, el segundo punto encontró más dificultades. Los gobiernos emplearon un día y medio, de un total de cuatro días previstos para la reunión, en la negociación de la presidencia. Al final, la solución negociada para la presidencia fue de aceptar en la Mesa a todos los candidatos: dos presidentes y dos vicepresidentes.
Una vez que la sesión comenzó, el presidente dio paso a una ronda general de presentaciones de los gobiernos y luego pasó a la deliberación de los tres puntos principales del programa, a saber: recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore. A las ONG y otros observadores se les permitió únicamente hacer una presentación general de tres minutos en la primera ronda, y no se les dio el uso de la palabra para debatir sobre los temas del programa.
Teniendo como referencia el documento preparado por la Secretaría, la discusión se centró esencialmente en el mandato y el contenido del programa de trabajo de cinco sesiones del Comité. Todavía no se sabe claramente, sin embargo, cuáles fueron los resultados de las deliberaciones respecto a estos dos asuntos, y no se lo sabrá hasta que los Estados Miembros reciban la documentación para la próxima reunión. El procedimiento para llegar al resultado de la reunión fue considerablemente diferente del que siguen otros procesos donde se discuten estos mismos temas, especialmente el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). En lo que se llamó la “tradición de la OMPI”, la presidencia simplemente recogió las opiniones de los países, pero no sometió a consideración ningún proyecto de texto negociado de resoluciones, decisiones o conclusiones. El proyecto de informe de la reunión ciertamente no contiene ni conclusiones, ni recomendaciones, ni decisiones, ni un texto negociado. Basándose en este informe, especialmente en dos párrafos que reflejan la opinión de la presidencia en relación con las tareas que el documento de la Secretaría propone al Comité, parece que la presidencia, el buró y la Secretaría de la OMPI darán al programa de trabajo, quizás mediante consultas con algunos países, alguna forma que permita cumplir con lo que está indicado en el Anexo.
Muchos delegados subrayaron la necesidad de que este trabajo esté estrechamente coordinado con el CDB que es, en realidad, el instrumento donde se tratan los asuntos de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Aún no se sabe si la OMPI va a establecer los mecanismos de coordinación que algunos países propusieron.
En cualquier caso, el programa de trabajo de la OMPI tendrá importantes repercusiones para los pueblos indígenas y tradicionales, los países en desarrollo y las negociaciones sobre biodiversidad en el CDB. Se necesita urgentemente hacer un trabajo preparatorio y de concienciación de estas repercusiones antes de la próxima sesión del Comité, que se celebrará en Ginebra, el último trimestre de 2001.
A.1: Estudiar la posibilidad de elaborar “prácticas contractuales orientadoras”, directrices, y cláusulas tipo en materia de propiedad intelectual para los acuerdos contractuales sobre el acceso a los recursos genéticos y a la distribución de beneficios, teniendo en consideración el carácter y las aspiraciones específicas de los distintos grupos interesados, los distintos recursos genéticos y las distintas transferencias que se efectúan entre distintos sectores de política en materia de recursos genéticos.
A.2: Elaborar disposiciones o directrices apropiadas para las legislaciones nacionales en materia de patentes que faciliten la coherencia con medidas tomadas por los Estados en relación con el acceso a los recursos genéticos y que sean coherentes con las normas internacionales existentes en materia de propiedad intelectual.
A.3: Estudiar, a condición que se finalice la revisión del Compromiso Internacional, la conveniencia y la viabilidad de mecanismos prácticos y económicos para aplicar acuerdos de distribución de beneficios basados en la propiedad intelectual en virtud de sistemas multilaterales de acceso a los recursos genéticos y a la distribución de beneficios, que sean coherentes con las normas internacionales de propiedad intelectual y se centren particularmente en los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación.
A.4: Revisar, basándose en la información contenida en el resumen de prácticas relativas a la protección de las invenciones biotecnológicas en los Estados Miembros y recordando la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), la aplicación de normas jurídicas relativas a la disponibilidad y el alcance de la protección por patentes de estructuras y composiciones derivadas o aisladas de organismos vivos existentes en estado natural, así como invenciones biotecnológicas en sus etapas iniciales, con miras a elaborar directrices sobre la aplicación de dichas normas en la esfera de los recursos genéticos.
A.5: Determinar si es posible mejorar la gestión de los recursos genéticos analizando métodos para integrar los recursos genéticos en forma de variedades protegidas en planes generales para su conservación eficaz.
B.1: Delinear el alcance de la materia en relación con la cual los Estados Miembros debatirán la aplicación de la protección de la propiedad intelectual a los fines de contar con una definición del término “conocimientos tradicionales”.
B.2: Recabar, comparar y evaluar información relativa a la disponibilidad y el alcance de la protección de la propiedad intelectual para los conocimientos tradicionales en el ámbito de la materia delimitada en virtud de la tarea B.1, así como identificar cualquier elemento de la materia concertada que requiera protección adicional.
B.3 Revisar los criterios existentes y elaborar nuevos criterios que permitan la integración eficaz de la documentación sobre los conocimientos tradicionales en el estado de la técnica susceptible de búsqueda.
B.4 Estudiar el modo de contribuir a que los titulares de conocimientos tradicionales hagan valer sus derechos de propiedad intelectual, en particular ayudándoles a consolidar sus capacidades para hacer valer sus derechos.
C.1: Tal como se recomendó en las cuatro consultas regionales sobre la protección de las expresiones del folclore, los Estados Miembros podrán actualizar las Disposiciones tipo de la UNESCO-OMPI sobre la protección de las expresiones del folclore para tomar en consideración la evolución de los acontecimientos y las nuevas formas de explotación comercial que han surgido desde que se aprobaron las Disposiciones tipo en 1982.
C.2: Los Estados Miembros podrán estudiar la posibilidad de mejorar la protección de la artesanía y otras expresiones tangibles del folclore llevando a cabo las tareas propuestas por un grupo de Estados miembros de la OMPI, que se mencionan en el párrafo 105.
C.3: Los Estados Miembros podrán retomar las recomendaciones y resoluciones descritas en el párrafo 113 que elaboraron en las consultas regionales, y debatir el modo de dar curso a dichas recomendaciones.
Mandat International organiza una nueva "patcha manca" y una ceremonia para la "patcha mama" (madre tierra) al final del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Pueblos Indígenas, en julio. Se celebrarán el viernes 27 de julio por la tarde, en el Centro de Acogida de Mandat International. Si están interesados en presentar algunas canciones tradicionales, bailes, obras de arte, pinturas, fotografías o bebidas, sírvense informar Mandat lo antes posible. Sus proposiciones y cooperación serán bienvenidas. E-mail: admin@mandtint.org; fax: +41 22 959 8851.
La reunión preparatoria del Foro Mundial de la Sociedad Civil se celebrará los días 18, 19 y 20 de julio, después del Caucus y del Grupo de Trabajo, en el CICG (Centro Internacional de Conferencias de Ginebra). La reunión organizará el foro de la sociedad civil en 2002, elegirá representantes en el Comité e iniciará la organización de los principales grupos de trabajo temáticos (incluidos, entre otros, los derechos de los pueblos a la libre determinación para la prevención de los conflictos, las mujeres indígenas, y RIO +10). Pueden encontrar más información en la siguiente dirección: http://www.mandint.org/forum. Las personas interesadas tienen que inscribirse antes del 20 de junio.
Se examinarán, entre otros, los informes de los siguientes países:
Para cualquier información sobre el CERD, contáctense con ARIS (Servicio de Información Antirracismo), 14 avenue Trembley, 1209 Ginebra, Suiza. Tel. +41 22 740 3530; fax: +41 22 740 3565; E-mail: aris@antiracism-info.org; WWW: http://www.antiracism-info.org/
La puesta en marcha del Foro Permanente sigue su curso y no es fácil conocer las reglas de su evolución. A título indicativo, les damos aquí una síntesis de la información que pudimos obtener.
Dado que el Secretario General de las Naciones Unidas había solicitado a la Alta Comisionada de Derechos Humanos (ACDH) de tomar a su cargo el establecimiento del Foro Permanente, esta última escribió a los gobiernos, a los pueblos indígenas y a las organizaciones intergubernamentales, con vistas a proceder a su consulta. En la carta destinada a los Indígenas, les invita a:
Probablemente, las siguientes etapas serán las reuniones de la 3ª y de la 5a Comisión de la Asamblea General (AG). La primera, a celebrarse en octubre o noviembre de 2001, se encarga de elaborar el orden del día de la segunda, la cual tendrá lugar en diciembre de 2001 y examinará a su vez el aspecto financiero del Foro Permanente. Finalmente, la primera sesión del Foro Permanente podría tener lugar en mayo o junio de 2002.
TOMEN NOTA DE NUESTRO NUEVO CORREO ELECTRONICO:docip@docip.org
Contáctense con nosotros para comunicarnos su dirección e-mail, avisarnos de cualquier cambio de dirección, y pedir los números que les faltan. La versión electrónica del INFORMATIVO está disponible a partir del número 27.
Contribuyen a la presente edición
Pierrette Birraux-Ziegler, Sophie Grobet, Gonzalo Oviedo
Traducción
Sophie Grobet, Inés Hidalgo, Paola Oviedo
La reproducción y difusión de la información aquí contenida es bienvenida, siempre y cuando se cite la fuente.
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Ultima atualización: 22.07.2001